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¿SE APRUEBA LA LEGITIMA DEFENSA?

Durante la semana pasada, trascendió en las redes sociales la noticia que el Congreso de la Unión había aprobado varias reformas al código penal, entre las que se autorizaba la legítima defensa. En la cadena de WhatsApp se incluía un enlace a la Gaceta del Senado, por fortuna la noticia era fake, sin embargo, ¿qué pasaría si se aprobara?

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Por: Irvin Daniel Vargas

@iVargasLaw en twitter.

Primeramente, tanto en el Código Penal Federal (CPF), como en los diferentes códigos locales, se encuentran presentes las causas de exclusión del delito, entre las que se menciona la legítima defensa. El artículo 15 fracción IV del CPF dice a la letra lo siguiente:

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. […]

En palabras sencillas y grosso modo, la legítima defensa permite atenuar o incluso inhibir la responsabilidad penal cuando se comete un delito. En estricto sentido, para configurar la legítima defensa, se debe de presentar una amenaza inminente contra la integridad de la víctima y al mismo tiempo, el uso de la fuerza debe de ser proporcional al ataque, de otra forma, si la víctima se excediera en sus acciones, podría ser constitutivo de un probable delito.

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Si una reforma de este tipo se aprobara, sería necesario explicarle a toda la población las circunstancias bajo las cuales se permite utilizar la fuerza para repeler un ataque o agresión. Por ejemplo, alguna intromisión en su propiedad por parte de un desconocido, robo o asalto, etcétera. De la misma forma, se deberá de acotar los medios u objetos que permiten repeler el ataque de acuerdo a la gravedad o impacto que tiene el delito, ya que no sería proporcional que una víctima dispare a un asaltante que no utiliza armas y únicamente recurre a la violencia psicológica. Para ello, se tendría que reforzar el principio de presunción de inocencia tanto del atacante como de la víctima, pero también ser imparcial al impartir justicia cuando la víctima se exceda y vulnere la integridad del otro individuo.

Por último, queda el aspecto de inculcarle a la sociedad, el hecho de que la legítima defensa se debería de aplicar en casos realmente excepcionales donde su integridad peligre y no como vía de resolución de conflictos vecinales o familiares.

Después de ver las imágenes de los “justicieros de la combi”, me queda claro que la sociedad mexicana no está preparada para la legítima defensa, toda vez que, haciendo un análisis objetivo de la situación, muchos de los participantes ni siquiera fueron víctimas del asalto. Por lo que, en estricto sentido, nunca estuvo en peligro su integridad, pero son tan delincuentes como lo fue el asaltante y deberían de responder por sus actos.

En la cuestión ideológica, buena parte de la población cree que “se lo merecía porque estamos hartos de esta situación”. Como sociedad hemos llegado al punto en que se hace justicia de acuerdo a nuestra moral y conveniencia, pero al mismo tiempo, exigimos a las autoridades que actúen con rectitud y al margen de la ley cuando algún conocido se ve involucrado en un proceso penal.

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En contraste, también hemos sabido de casos como el de Yakiri Rubio, en el que se ejerció la legítima defensa después de ser privada de su libertad y posteriormente violada, sin embargo, los familiares de su agresor en contubernio con las autoridades se encargaron de criminalizarla y ponerle obstáculos para tener un proceso penal justo. Pasó 2 años de su vida en un reclusorio, amenazada y sin poder ver a su hijo, finalmente, en el 2014, salió del reclusorio sur luego de que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) consideró que Yakiri hizo “uso excesivo de la legítima defensa”, y tenía derecho a salir bajo fianza.

Podrás saber más de este caso en el libro “En legítima defensa: Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal” escrito por Ana Katiria Suárez de la editorial Penguin Random House, donde se aborda en palabras sencillas y con todo el sustento legal, la forma en que se pudo resolver este caso.

Como abogado, siempre he sido creyente del dicho popular “el que la hace, la paga” y si, se debe de garantizar el acceso a la justicia para todos y sancionar al que cometió un delito, pero también es importante brindar imparcialidad y certeza de un proceso jurídico justo para ambas partes.

La finalidad de este artículo es hacer reflexionar al lector sobre la correcta actuación que se debe de tener cuando existe un conflicto legal en materia penal, sin vulnerar los derechos del delincuente y sin comprometer nuestra libertad.

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